SANTO DOMINGO, 21 de septiembre de 2022. – El programa social Supérate presentó en el Primer Foro Global del Decenio de Agricultura Familiar, de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la iniciativa Villa Poppy, desarrollada con agricultores trasladados del Parque Nacional Valle Nuevo, como una buena práctica para mejorar la inclusión socioeconómica, la resiliencia y el bienestar de las familias, hogares y comunidades rurales.
Arturo Bisonó, director del proyecto Agricultura Familiar de Supérate, estuvo a cargo de la presentación titulada “Estrategias de apoyo, de la protección social a la inclusión socioeconómica de las comunidades rurales: caso Villa Poppy”, en la que explicó las distintas etapas agotadas en el marco de la iniciativa, que incluyeron la identificación de los terrenos para la reubicación de los agricultores, a fin de garantizar la conservación efectiva del área protegida en que se encontraban; la asignación de los terrenos, la entrega de viviendas, las capacitaciones y la tecnificación para las operaciones agrícolas.
Detalló que en la primera etapa fue clave entender el clima, como base de la resiliencia, por lo que se utilizó una estación metereológica, dedicada a medir cuatro parámetros fundamentales: la velocidad del viento, la humedad relativa, la radiación solar y la temperatura del aire, logrando determinar la demanda de agua.
La segunda etapa de Villa Poppy fue la unión de dos mundos: la definición de cómo los agricultores podían entrar a los grandes mercados, sin intermediarios, incluyendo mercados premium y conglomerados empresariales con un prisma social. La necesidad de adaptarse a mercados más exigentes demandó procesos de planificación y capacitación; y medidas como las siembras escalonadas y mixtas, así como el subsidio a la cadena de logística, para superar el desafío de ganar la confianza del mercado.
En la fase tres se inició la formalización, los agricultores formaron una cooperativa y recibieron financiamiento del Banco Agrícola (BAGRICOLA), a una tasa preferencial, y se convirtieron en proveedores de grandes supermercados, del Estado, de hoteles y restaurantes.
Previo a la intervención, el 65% de las familias generaban ingresos por debajo de los US$120 dólares mensuales; el 80% vivían directa o indirectamente de la agricultura, pero estos ingresos no les permitían vivir dignamente ni salir de la pobreza. El 90% de la comercialización era a través de intermediarios, había un alto uso de pesticidas, y utilización desmedida del agua de riego. Además, se trataba de una agricultura muy tradicional, con una alta prevalencia de los monocultivos. En la actualidad, el ingreso por familia asciende a US$1,000.00 dólares mensuales.
Bisonó destacó que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) jugó un rol muy importante al inicio de la intervención, apoyando en la realización de un estudio inicial y en la elaboración de una estrategia de desarrollo local. Posteriormente, contribuyó con la construcción de un nuevo centro de acopio.
La participación de Bisonó en la sesión 5 del encuentro mundial, dedicada a estrategias de mejora de la inclusión socioeconómica, la resiliencia y el bienestar, desde la agricultura familiar, moderada por el agregado agrícola de la Misión de Estados Unidos ante la ONU, en Roma, Sean Cox, tuvo lugar a través de una videollamada.
La jornada incluyó las exposiciones Un panorama sobre la importancia de una visión holística para fortalecer la resiliencia y el bienestar de la agricultura familiar y sus comunidades, a cargo del director del Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario (INDAP) del Ministerio de Agricultura (MINAGRI) de Chile, Santiago Rojas; y Medidas que refuerzan la protección social o la inclusión socioeconómica de los agricultores familiares/en zonas rurales, realizada por la asesora senior de Agricultura y Cooperación Internacional del Líbano, Wafaa El Dikah Hamzé.
Algunos de los desafíos mundiales identificados en la reflexión colectiva incluyen el reconocimiento oficial de los agricultores y agricultoras, el registro, el acceso a la seguridad social, datos fiables desagregados por género, gestión y control de las subvenciones, vínculo con las respuestas a emergencias, redes de seguridad social, sistemas de registros de agricultura y el compromiso político.
